Lo vengo diciendo desde que Iglesias entró en el Gobierno de (la aún llamada) España.
En una sola semana de Estado de Alarma (de 24, no lo olvidemos), el Gobierno se ha encargado de cometer dos actos que atentan directamente contra la Constitución, uno el tema de la lengua española y otro el de la libertad de expresión.
La lengua española lo dice claro la Constitución: "Artículo 3:
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla."
Más claro no se puede decir. Si mi hijo tiene el derecho a usarla, no se le puede prohibir en el colegio usarla ni obligarlo a usar otra lengua.
Sobre la libertad de Expresión también dice claro el artículo 20 en el apartado 1 "Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción."
Pero ahora, con el "Comité de la verdad" (Comité, palabra usada habitualmente por el frente popular en los años 30) vigilará lo que digamos y si consideran que no es verdad, nos perseguirán.
¡Vamos! Que si no les gusta lo que decimos, nos castigarán. Igual que pasa ya en las redes, cuando no les gusta lo que decimos o las críticas al Gobierno, con la excusa de "odio", nos cierran las cuentas sin derecho a pataleta si quiera. Sin más, nos la cierran y búscate la vida. (Salvo si eres Echenique o Adriana Lastra que puedes decir barbaridades y no te dirán nada).
En esto va a pasar lo mismo, con la excusa de "fake news" cualquier opinión o noticia que no les guste, la borrarán sin más explicación y te pueden sancionar a su antojo.
Dos ataques peligrosos a la Constitución Española y a nuestras libertades que defiende la Carta Magna para seguir avanzando en la venezolización de España.
Ya lo intentaron (y lo seguirán intentando) con el Poder Judicial, pero Europa les paró los pies.
Ahora con esto.
Mientras tanto, no hablamos de los tres posibles delitos de Iglesias que se siguen investigando, de que en Andalucía han prescrito "casualmente" delitos de los socialistas Chavez i Grñán por la inacción de los jueces, de que también en Andalucía, dos altos cargos han tenido que dimitir, uno por abuso de menores y otro por gastarse 100.000 euros públicos en gastos privados, o lo que es peor, el Gobierno niega por tercera vez investigar los abusos a menores en acogida en Baleares (presuntos abusos hechos por socialistas). Todo esto entre otros muchos casos como los del ex de Mónica Oltra, lo de Viveros de Fuset o los cuatro millones de Grezzi en la EMT.
Ya lo escribió Noam Chomsky en la tercera de sus "10 estrategias de manipulación mediática": 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Estado mínimo, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez."
Y para conseguir esto se necesita, sobre todo, tener controlados a los medios de comunicación, redes incluidas.
Y en eso están.
Mientras que nos ocupamos de culparnos a nosotros de la expansión del virus (otra estrategia clara, la de la autoculpabilidad haciendo creer al individuo que solo él es el culpable de sus males, y ahí quien sigue en ello) ellos siguen avanzando en su doctrina socialcomunista chavista con decisiones como estas, que son solo las primeras de muchas que vendrán en las próximas semanas.
Así, cuando acabe el Estado de Alarma, nos tendrán modelados a su antojo para controlar lo que pensamos y lo que decimos. Dictadura pura.
Solo nos queda que el Tribunal Constitucional tome cartas en el asunto. Aunque tal como está el patio, me cuesta cada vez más creer en la independencia de los poderes judiciales.